Qué ha pasado
Según El Cierre Digital, en el primer semestre de 2026, la obra pública en España dejó 1.130 licitaciones desiertas, lo que equivale a unas 188 al mes. Además, 747 contratos recibieron una única oferta. Este fenómeno se debe principalmente a la dificultad de las empresas para asumir contratos con precios fijados años atrás, que no se ajustan a los incrementos de costes actuales.
El artículo destaca que los sectores más afectados son aquellos que dependen de contratos públicos, como residencias, ayuda a domicilio y limpieza. Las empresas en estos sectores enfrentan márgenes reducidos debido a la imposibilidad de actualizar los precios de los contratos al ritmo de los costes crecientes, lo que lleva a muchas a no presentarse a nuevas licitaciones.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señala que el desfase entre los costes actuales y los precios de adjudicación está generando un agujero en la contratación pública. Este problema no solo afecta a la construcción, sino también a servicios esenciales que dependen de contratos con administraciones públicas.
Por qué le importa a una constructora
El impacto de los concursos desiertos es significativo para las constructoras, especialmente para las pequeñas y medianas. Estas empresas dependen de contratos públicos para mantener sus operaciones y cualquier interrupción en la adjudicación puede afectar su flujo de trabajo y estabilidad financiera.
En un mercado donde los costes de materiales y mano de obra están en constante aumento, las constructoras se ven obligadas a ajustar sus estrategias para mantenerse competitivas. La falta de actualización en los precios de los contratos públicos hace que muchas adjudicaciones sean poco atractivas, lo que reduce la competencia y limita las oportunidades de negocio.
La consecuencia práctica es que las constructoras deben ser más selectivas en los concursos a los que se presentan. Esto implica evaluar cuidadosamente los riesgos financieros y operativos antes de decidir participar en una licitación, lo que puede llevar a una disminución en la cantidad de proyectos en los que están involucradas.
Qué cambia en el día a día de la obra
Para las constructoras, el cambio más inmediato es la necesidad de ajustar sus flujos de trabajo para adaptarse a la incertidumbre en la adjudicación de contratos. Esto puede incluir la implementación de sistemas más eficientes para el seguimiento de costes y la gestión de proyectos, lo que les permite reaccionar rápidamente a cambios en los precios de los materiales y la mano de obra.
En términos de presupuestos, las empresas deben ser más precisas en sus mediciones y certificaciones. Esto implica una planificación más rigurosa y el uso de herramientas de gestión que permitan un control detallado de los costes en tiempo real, asegurando que cada proyecto se mantenga dentro de los límites presupuestarios.
Quienes notan primero estos cambios son los jefes de obra y los responsables de administración. Son ellos quienes deben lidiar con la presión de cumplir con los plazos y presupuestos en un entorno cada vez más desafiante, donde los márgenes de error son mínimos y la competencia es feroz.
Casos concretos
Imagina una constructora que se adjudica un contrato para la construcción de una residencia de mayores. Con el tiempo, los costes de materiales y salarios aumentan, pero el precio del contrato permanece fijo. La empresa se enfrenta a márgenes reducidos y debe decidir si puede continuar con el proyecto sin incurrir en pérdidas.
Algunas empresas han comenzado a adoptar estrategias proactivas para mitigar estos riesgos. Esto incluye la negociación de cláusulas de revisión de precios en los contratos y la búsqueda de proveedores que ofrezcan condiciones más flexibles. Estas medidas pueden ayudar a asegurar la viabilidad de los proyectos a largo plazo.
Para que estas estrategias funcionen, es esencial que las empresas mantengan una comunicación abierta con las administraciones públicas. Esto puede implicar la participación en foros de discusión sobre la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, buscando un marco más flexible que permita ajustes en los precios de los contratos en función de los cambios en los costes.
Datos y contexto
El Cierre Digital informa que en 2025, el 7,78% de los lotes de contratos públicos fueron declarados desiertos, lo que representa 24.047 lotes de un total de 309.023. Este dato refleja una tendencia preocupante en el sector de la contratación pública, donde la falta de ofertas es cada vez más común.
Esta situación se enmarca en una tendencia más amplia de aumento de costes en la economía española. Desde 2018, el salario mínimo ha experimentado un incremento significativo, alcanzando los 1.221 euros mensuales en 2026. Este aumento, junto con otros factores como el encarecimiento de la energía y los alimentos, está presionando a las empresas que dependen de contratos públicos.
Sin embargo, los datos no revelan el impacto a largo plazo de esta tendencia en la competitividad del sector. Es previsible que, si no se realizan cambios en la normativa, la situación pueda llevar a una reducción en la calidad de los servicios públicos debido a la falta de competencia y a la dificultad para atraer a empresas dispuestas a asumir los riesgos financieros asociados.
Riesgos y límites
El principal riesgo para las constructoras es el de asumir proyectos que se vuelven financieramente inviables debido a los costes crecientes. Esto puede llevar a incumplimientos contractuales, retrasos en la entrega de proyectos y, en última instancia, a problemas de liquidez que amenazan la estabilidad de la empresa.
En algunos casos, participar en concursos públicos puede no compensar. Esto es especialmente cierto para proyectos con márgenes de beneficio ajustados, donde cualquier aumento en los costes puede eliminar las ganancias previstas. Las empresas deben evaluar cuidadosamente cada oportunidad para determinar si los riesgos superan los beneficios potenciales.
Desde un punto de vista organizativo, las empresas deben estar preparadas para gestionar la complejidad adicional que implica operar en un entorno de contratación pública incierto. Esto puede requerir inversiones en formación y en la mejora de los sistemas de gestión interna para asegurar que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado.
Qué puede hacer una empresa ahora
Las empresas pueden comenzar por revisar sus carteras de proyectos actuales y futuros para identificar aquellos que podrían verse afectados por los aumentos de costes. Esto les permitirá tomar decisiones informadas sobre cómo proceder con cada contrato y si es necesario renegociar términos o buscar alternativas.
Es crucial establecer criterios claros para la participación en licitaciones públicas. Estos criterios deben basarse en una evaluación detallada de los riesgos y beneficios de cada proyecto, teniendo en cuenta factores como la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad para absorber aumentos de costes.
Un siguiente paso realista para las empresas es explorar la posibilidad de participar en pilotos gratuitos con sistemas de gestión de obra como Bloqbase. Esto les permitirá evaluar cómo estas herramientas pueden ayudarles a mejorar la eficiencia operativa y a gestionar mejor los riesgos asociados con los contratos públicos.
Fuentes
El Cierre Digital: https://elcierredigital.com/economia/agujero-contratacion-publica-espana-180-concursos-obra-servicios-desiertos-cada-mes